Viernes 2 de mayo de 2008
Retenciones, reclamos y derechosEntre las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional sobre las retenciones móviles y la virulencia de los cortes de rutas, es de desear un acuerdo que aleje las amenazas de nuevas medidas.Salvador Treber
Profesor de Posgrado, Facultad de Ciencias Económicas, UNC
Una medida inconsulta adoptada el 11 de marzo pasado por la conducción económica, imprevistamente comprometió la paz social y puso a dura prueba la estabilidad institucional del país. Ello se debió a que, en señal de repudio, los afectados decidieron concretar un lock-out, que incluyó el bloqueo de rutas por 21 días. Sus piquetes pasaron a operar como selectores de las cargas que se permitían transportar y obstruyeron las de alimentos, salvo leche.
Tal como hicieron el año pasado en el sur los obreros petroleros, que amenazaron cerrar las válvulas y dejar sin gas al país si no se atendían sus reclamos, la gente del campo ha vuelto a colocar en el rol de rehén a toda la población. Si se acepta esta metodología, significaría que quien tenga algún resorte coercitivo prevalecerá a despecho de los demás. Convalidar como idóneo lo actuado implica admitir que, en vez de las normas establecidas por el ordenamiento legal, regirá la ley del más fuerte o sea la de la selva.
Cabe preguntarse entonces: ¿hemos caído a tal extremo de primitivismo para que impere el "sálvese quien pueda"? Parece mentira que este tipo de procedimientos haya contado con la simpatía de ponderables sectores y la clara adhesión de ciertos medios de información. Es indispensable recuperar la razón y fijar los límites de toda protesta si pretendemos vivir en una república donde rija la democracia representativa. Nuestra Constitución, en su artículo 14º, otorga el derecho de "peticionar a las autoridades", pero no de presionarlas haciendo peligrar la salud del pueblo.
Nada nuevo. Aclarado este aspecto, corresponde analizar el tan remanido tema de las retenciones (derechos de exportación). En su versión actual no constituyen ninguna novedad, existen desde hace más de 50 años, salvo en el período de la "convertibilidad". Las aplicaron ministros tales como Alsogaray, Whebe, Krieger Vasena y Martínez de Hoz, todos los cuales no pueden ser tachados de intervencionistas. En la relación económica con el mundo se usan dos opciones básicas en materia cambiaria para poder exportar productos cuyos precios no son competitivos en ese ámbito. En las economías industrializadas esta situación abarca los bienes primarios; en la nuestra, los manufacturados, que utilizan insumos no agropecuarios. Los primeros, donde la relación la establece el respectivo mercado, se complementan con subsidios. Es lo que hacen Estados Unidos, la Unión Europea y Japón con los derivados de la actividad rural, a los que les dan una "pequeña ayudita" de nada menos que mil millones de dólares diarios. A esa alternativa se opone otra, que consiste en fijarlos "altos" –por encima del llamado "de mercado"– y aplicar retenciones para retirar parte o toda la sobrevaluación artificial, especialmente de los productos que no necesitan dicho auxilio. En consecuencia, esta última modalidad permite establecer un régimen de paridades múltiples para promover exportaciones que, de otra manera, serían imposibles de realizar y evitar que encarezcan los costos internos. Técnicamente se conocen como "sistema de devaluación compensada".
Hace algunos años, Brasil y Argentina tenían los signos monetarios con cotizaciones muy semejantes con respecto al dólar y demás monedas "fuertes". Hoy, la que exhibe nuestro vecino ronda 1,70 real por cada unidad de la estadounidense; mientras que en Argentina, la misma se ubica alrededor de 3,17 pesos. Esa divergencia la genera el Banco Central al comprar todo el exceso de dólares que se ofrece y así lo mantiene rebasando en alto margen la relación que establecería la libre acción de las leyes del mercado. No obstante, los productores brasileños, que exportan casi la totalidad de la soja que cosechan y que nos superan en unos 10 millones de toneladas, no se quejan. ¿Por qué? La promoción de ventas al exterior ha requerido allí fuertes subsidios y por ello su presión tributaria asciende al 37,4 por ciento; o sea, 10 puntos más que en el vernáculo. Los que propugnan eliminar las retenciones omiten explicar qué se debiera hacer para atender esa problemática. ¿Quizá seguir el modelo de Brasil y subir en gran escala los otros impuestos? En el mundo, hasta ahora, no se aplica más que una de estas dos opciones, pero no parece que los objetores hayan logrado elaborar una nueva fórmula mágica y desconocida. Actualmente, con diversas características, las retenciones se aplican en 47 países, siendo el más importante de todos ellos nada menos que China.
Los representantes del sector agropecuario siempre reivindicaron como "propio" dicho ingreso; aunque, en realidad, éste no les corresponde ni surge de su actividad. La controversia estriba en que han modificado esa posición y admiten hasta una alícuota del 35 por ciento; pero cuestionan que la hayan llevado en la soja al 44,1 por ciento y la convirtieran en móvil (sube o baja según la evolución de los precios internacionales). El planteo es razonable y atendible. La forma en que se introdujo fue inconsulta e inapropiada. Presentar fundamentos a posteriori, también. Arguyen que pretenden que no siga ampliándose el área ocupada por la soja y que buscan priorizar la expansión de la afectada a la producción de trigo y maíz. Si fuera así, la reducción resuelta para estos cultivos –menos del uno por ciento– es absolutamente insuficiente.
En el plano internacional, frente a los grandes aumentos de los alimentos –en Francia y España, los lácteos crecieron en el último trimestre el 40 por ciento–, procuran aislar a nuestros consumidores de ese efecto. De la misma manera, se explica que rige una cotización de 42 dólares para la exportación de petróleo que –retenciones mediante– favorece al consumidor interno y al ámbito agropecuario, evitando que gravite la superior a 100 dólares el barril del mercado universal. Dado que la soja elevó su cotización el 72 por ciento en un semestre, seguramente por ello eligieron la sobretasa adicional del nueve por ciento para obtener los recursos que financien su instrumentación, pero demostraron en esa tarea muy poca "cintura", rayana en la torpeza, para implementarla.
Una expresión de violencia. Ello no justifica la réplica belicosa de la dirigencia del área, pues el lock-out patronal por tantos días es una manifestación más de la violencia entronizada en nuestro medio. Los paros "por tiempo indeterminado" son, en cualquier lugar del planeta, inadmisibles pues implican una virtual pulseada por el ejercicio efectivo del poder. Al margen de evaluar la vigencia de sus opciones, un reclamo de este tipo pone entre "la espada y la pared" al Gobierno, en una actitud de claro alzamiento. Las consignas incluyen expresiones destinadas a repudiar a las autoridades y hasta pedir que "se vayan", olvidando que han sido elegidas por el voto popular mayoritario.
Son especialmente legítimos los argumentos sobre la necesidad de mejorar el tratamiento de los pequeños agricultores, los que corresponden a campos distantes del puerto y las explotaciones de productos regionales. La única salida posible para éstos es la de incrementar subsidios que disminuyan sus costos. Urge, además, concretar un plan de obras que amplíen y optimicen tanto instalaciones portuarias –en este momento, 15 mil camiones esperan descargar en las muy insuficientes que existen entre Rosario y San Nicolás– como también en el sistema de rutas de acceso. Los rubros transporte, almacenamiento y descarga para exportación "muerden" al precio nada menos que entre 19 y 26 por ciento del mismo. Las soluciones no son fáciles pues el circuito comienza con la preparación de la tierra para la siembra y llega, en su última etapa, a la colocación en el mercado, sea éste interno o externo.
El componente más importante de este proceso son las tierras y su valor actual oscila entre 15 mil y 4 mil dólares la hectárea, según su ubicación y rendimiento. Ello obedece a que la utilidad de los cultivos –con marcada preferencia, soja–, desde hace cuatro años, es muy buena pese a la vigencia de retenciones que, por lo visto, hasta ahora no habían constituido un obstáculo para tan meteórica suba. Los precios internacionales favorables y que continúan en alza son decisivos para la extensión del área sembrada que, para dicho cultivo, se estima ha llegado a 16,6 millones de hectáreas. Debe tenerse en cuenta que el trigo abarca 5,4 y el maíz 3,7 millones de hectáreas, lo cual es testimonio de un notable avance que se ha dado en la llamada "sojización" del campo argentino. Ello no sería un hecho negativo si ese oleaginoso fuera objeto de una rotación racional ya que, al cabo de una década, empobrece la tierra y la vuelve estéril por muchos años. Dado que esto no se cumple, tenemos una verdadera bomba de tiempo.
En cuanto a los pequeños "propietarios", el número no es siquiera semejante al de los "productores". El 56 por ciento del total de aquellos tiene no más de 100 hectáreas, mientras apenas la quinta parte de ese colectivo las trabaja; el resto las arrienda, cobrando entre 18 y 10 quintales de soja por hectárea, según la calidad de las mismas. Los "pool de siembra" y los "contratistas" son los que concentran el 78 por ciento. Un ejemplo al canto: el máximo productor de soja explota bajo ese esquema 130 mil hectáreas, de las que sólo le pertenecen 15 mil.
Es también importante señalar que los índices de evasión en el sector son los más altos: el 72 por ciento de los asalariados trabaja "en negro", mientras sus pagos del impuesto a las ganancias son cuatro veces menores que los de los demás contribuyentes. Su carga tributaria, sin considerar las retenciones, es 10 puntos inferior al resto. La intermediación, a cargo de los acopiadores –incluidos los llamados "valijeros"– y los exportadores, fija los precios de adquisición a los agricultores y también, con ellos, los que regirán en el mercado interno, descontando por adelantado no sólo los gastos de transporte y almacenaje, sino el margen de ganancia neta que reservan para sí.
El problema y las soluciones no son fáciles, pero es de desear que se llegue a un acuerdo que aleje las amenazas de nuevos paros, lamentables expresiones de una sociedad cuyos miembros apelan con demasiada frecuencia a la violencia para dirimir diferencias.
© La Voz del Interior
